Un juzgado de Córdoba admite una querella de Asaja por el borrado de miles de correos y archivos de la organización

La Sección de Instrucción n.º 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Córdoba ( Asaja Córdoba ) contra antiguo directivo, dos exempleados y el prestador de servicios informáticos de la organización, por la presunta destrucción de archivos y acceso no autorizado al sistema.

Según informa Asaja, la resolución acuerda la incoación de diligencias previas y, entre otras actuaciones, la remisión de la querella y de la documentación aportada a la unidad especializada en nuevas tecnologías, «a fin de que investigue lo sucedido y proponga las diligencias que resulten procedentes».Los hechos se remontan a comienzos de febrero de 2026, cuando Asaja Córdoba encargó una auditoría informática que permitió constatar «el borrado masivo de información alojada en el servidor central de la entidad, así como la eliminación íntegra del contenido de los dispositivos corporativos asignados a un antiguo alto directivo».Los informes periciales forenses incorporados al procedimiento describen, entre otros extremos, «la eliminación de más de 90.000 correos electrónicos corporativos -32.640 de ellos en una sola mañana-, la reducción deliberada del periodo de conservación de las copias de seguridad, la pérdida de cientos de miles de archivos y la existencia de accesos no autorizados y reiterados a los buzones de correo de otras trabajadoras de la organización», apunta la organización en un comunicado.

El auto califica provisionalmente estos hechos como constitutivos de posibles delitos de daños informáticos.Según recuerda Asaja, no es esta la primera resolución judicial relacionada con los hechos.

La Sección de lo Social (Plaza n.º 5) del Tribunal de Instancia de Córdoba, en sentencia de 1 de septiembre de 2026, desestimó íntegramente la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por una de las antiguas trabajadoras, hoy investigada, por la supuesta vulneración de su derecho a la intimidad con ocasión de la intervención de su ordenador corporativo durante la auditoría.