La AEAT ante su momento más decisivo

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) afronta en la actualidad probablemente el momento más decisivo desde su creación.

El relevo en su dirección general, la comparecencia de la anterior directora general ante el Senado , las reacciones posteriores de distintos colectivos profesionales y diversos episodios que han ocupado recientemente el debate público han situado el foco sobre una institución que rara vez concentra la atención pública.Es lógico que así sea, porque cuando una de las organizaciones más importantes del Estado atraviesa una crisis los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones y los responsables públicos el deber de ofrecerlas.

En un Estado de Derecho no sólo importan las decisiones que se adoptan, sino también los motivos que las justifican, pues de ellos depende, en buena medida, la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones.Sin embargo, sería un error pensar que los acontecimientos de las últimas semanas constituyen por sí mismos la crisis de la Agencia Tributaria.

Han servido, más bien, para hacer visibles problemas de fondo que llevan tiempo enquistados y reclamando atención.Así, la AEAT afronta actualmente un profundo relevo generacional, el debate sobre el futuro modelo de financiación autonómica y su gestión, así como problemas internos que llevan demasiado tiempo esperando solución.

Cómo se responda a estos desafíos condicionará la fortaleza de la administración tributaria –y, con ella, la capacidad del propio Estado para cumplir eficazmente una de sus funciones esenciales– durante las próximas décadas.

Salir fortalecidos de este momento exige actuar, al menos, sobre tres planos.En primer lugar, España aborda un debate de enorme trascendencia sobre el sistema de financiación autonómica y el alcance de las competencias que pueden asumir las administraciones tributarias de las comunidades de régimen común.

Corresponde al legislador definir ese modelo dentro del marco constitucional, pero, precisamente por la importancia de esas decisiones, conviene abordarlas con el mayor consenso posible, alejándolo del ruido partidista y valorando no sólo su viabilidad jurídica, sino también su oportunidad y sus consecuencias prácticas e institucionales.Ningún cambio fortalecerá nuestro sistema tributario si debilita la capacidad de la institución que tiene encomendado hacerlo funcionar.En este sentido, la Agencia Tributaria constituye uno de los principales activos institucionales del Estado.

Su experiencia acumulada, la capacidad de su personal y la unidad de actuación y de criterios que debe impregnar su actividad constituyen un patrimonio colectivo que merece ser preservado.