Mal lo tiene que ver Sánchez

La bandera de la vivienda se le ha rasgado al PSOE tras la dimisión de su portavoz, Montse Mínguez, por los grandes negocios inmobiliarios de su pareja.

Su salida, con renuncia incluso a liderar la candidatura socialista por Lérida, no es anecdótica.

Se trata de una persona de estricta confianza de Sánchez y vanguardia en la defensa de las decisiones más inefables del Gobierno.

Superó con creces cualquier prueba de adhesión al sanchismo, tanto en sus funciones de portavoz desde Ferraz, como en cualquier aparición en medios de comunicación.

Por esto, la renuncia de Mínguez es un golpe directo a la estructura del poder sanchista dentro del PSOE.

Sin embargo, su dimisión no ha sido tanto un problema de legalidad o de corrupción, como de coherencia interna, en lo ideológico y en lo político.

Mientras no se pruebe lo contrario, la productiva actividad inmobiliaria de su novio, con decenas de inmuebles en alquiler y sociedades en el extranjero, es legal, tanto como el bienestar económico que ha dado a Mínguez mientras clamaba contra el negocio del alquiler.

La doctrina Zapatero sobre el alma socialista –«tener poco y estar dispuesto a dar mucho»– tiene mal encaje cuando no se predica con el ejemplo.

En el caso de Mínguez, los efectos trascienden su ámbito personal y familiar porque, tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen , la lucha contra el rentismo, los propietarios abusadores y los grandes tenedores fue el marco justificativo del adelanto electoral.

La derrota parlamentaria de los decretos sobre vivienda no fue más que la percha de la que colgar la disolución de las Cámaras.

En esta estrategia populista que demonizaba a los propietarios arrendadores, el Gobierno llegó a calificar a Urbagestión, la empresa dueña de la vivienda alquilada a Maricarmen, como «una pyme buitre, muy carroñera».

Si con una vivienda en propiedad Urbagestión era «una pyme buitre, muy carroñera», la pareja de Mínguez habrá roto los registros acusatorios del PSOE.

Cuando Sánchez habló de muros no pensó en que la industria del ladrillo fuera a estar tan metida en las entrañas de su partido.

Por si fuera poco, no falta entre los diputados socialistas un abogado de fondos inmobiliarios –esos «fondos buitre»– especializado en ejecutar préstamos hipotecarios que las familias no pueden pagar.