Argelia Queralt: "Los jueces son un poder del Estado y tienen más responsabilidad democrática que otros colectivos"

La vocal progresista del Poder Judicial afirma que la presidenta Isabel Perelló "lleva a cabo una política excesivamente corporativista" y reclama más "transparencia" en el órgano de gobierno de los jueces Marlaska censura la orden de no elevar el informe de Ceuta y la presidenta del Supremo respalda a la jueza Argelia Queralt (Múnich, Alemania, 1976) es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace dos años.

Doctora en Derecho y profesora titular de la Universitat de Barcelona, llegó al órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE tras una etapa como letrada del Tribunal Constitucional.

Queralt atiende por teléfono a elDiario.es días antes del acto oficial de inicio de curso de los tribunales que se celebra el próximo jueves.

La jurista defiende que “los jueces son un poder del Estado y tienen más responsabilidad democrática que otros colectivos” y lamenta que el arraigado “corporativismo” dentro del órgano frene la autocrítica y la apertura frente a “señales de alarma”, como las encuestas que apuntan a una cierta desconfianza de los ciudadanos en la Justicia.

Tras meses de investigación, el CGPJ archivó nueve de las once quejas tramitadas contra el juez Juan Carlos Peinado.

Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de archivar otra de las dos que ustedes le remitieron. ¿Hay resistencias a sancionar a otros jueces? Hay cuestiones como todo lo relativo a la libertad de expresión que la parte judicial tiene más reticencias a sancionar.

Su argumento es que los jueces, cuando no están ejerciendo, tienen libertad de expresión absoluta.

Eso me llama la atención.

No se trata de limitar ilegítimamente su libertad de expresión, pero la propia Comisión de Ética —aunque sus resoluciones no son vinculantes ni pueden ser utilizadas como elemento disciplinario— sí habla de prudencia y de no olvidar que sus manifestaciones pueden afectar a la idea de neutralidad e imparcialidad.

Falta concienciar a la carrera de que aunque son ciudadanos y ciudadanas de a pie cuando no están ejerciendo no dejan de tener unas responsabilidades.

Debería haber un debate en el seno del Consejo y de la judicatura y después una actualización legislativa sobre el tema disciplinario.

Durante este curso, el Consejo también rechazó sancionar al juez que llamó “Barbigoña” a la mujer de Sánchez y al magistrado que dijo que Irene Montero no podía darles lecciones a los juristas “desde su cajero de Mercadona”.

Lo hizo con el voto en contra de los vocales de su grupo. ¿Esos mensajes socavan la apariencia de imparcialidad? Precisamente por esto hay que darle una vuelta al tema de la libertad de expresión.