El Supremo resolverá la amnistía a tiempo para que sus beneficiarios puedan presentarse a las elecciones, y responderá a Conde-Pumpido

La Sala Segunda del Tribunal Supremo resolverá la semana que viene mediante un auto la aplicación de la sentencia del Constitucional (6 de octubre de 2026) por la que se anula su decisión anterior (autos de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024) de no aplicar la ley de amnistía ( Ley Orgánica 1/2024 , de 10 de junio; BOE de 11 de junio de 2024) a los líderes independentistas condenados por malversación , previamente indultados de sus penas de prisión (Reales Decretos de 22 de junio de 2021) y cuyo delito de sedición fue suprimido del Código Penal (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre).

El propósito del TS sería, según fuentes conocedoras consultadas por ElConfidencial , que se declarase el archivo de la ejecutoria antes de que se cierre el plazo para presentar las candidaturas (artículo 45 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) a las elecciones del próximo 29 de noviembre (Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre), que corre entre el 21 y el 26 de octubre.

Los magistrados que han de resolver quieren actuar con celeridad para que los amnistiados puedan, si así lo desean sus partidos, presentarse a los comicios generales , lo que no sería posible si el auto se demorase más allá de esas fechas.

La intención del Tribunal sería que no pueda interpretarse que se deja pendiente y aplazada la ejecución de la sentencia del TC en un período político 'tan delicado' como el actual.

Se baraja que el próximo miércoles, día 21, el auto se notifique a los afectados y a las partes en la causa.

La resolución del Supremo iba a ser inicialmente muy breve, acatando el mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 5 y 7) (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio) y ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución , preceptos que reservan al TC la jurisdicción de las garantías constitucionales.

Sin embargo, las alegaciones presentadas por las partes (Fiscalía, Abogacía del Estado y acusaciones populares) y la sentencia del Constitucional , basada en la ponencia de su presidente, Cándido Conde-Pumpido , requieren una respuesta que hará más extensa la resolución.