La colaboración de Marruecos y la responsabilidad por no vigilar la frontera, claves de la causa sobre la invasión

La causa que acaba de abrir la juez de la Audiencia Nacional María Tardón para investigar la entrada masiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio avanza a la vez que el Gobierno empieza a depurar responsabilidades y a exhibir una transparencia ante los ciudadanos que ha tardado en llegar.El cese del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta ha sido la primera decisión política para una situación que rebasa al Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras la magistrada, como primera medida después de dar por personados en la causa tanto al Gobierno de Ceuta como al central, ha requerido a Moncloa todos los informes de situación de la ciudad autónoma entre el 1 y el 31 de julio que ya se han hecho públicos.El objetivo de Tardón es dar con los responsables de incitar la avalancha -considera que planificada- como una forma de «guerra híbrida» y atentar contra la independencia del Estado y favorecer la inmigración ilegal con homicidios imprudentes (83 fallecidos).

Es decir, desde el principio se apunta a que los responsables de la situación sin precedentes que supone un «ataque grave contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado» y de los ciudadanos ceutíes, según el auto de apertura de la investigación, están en Marruecos.La Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos porque se trataría de un delito cometido en el extranjero, por lo que sería competencia de los Juzgados Centrales en virtud del artículo 23 3ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que fija la competencia de la jurisdicción española para conocer los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.Ahora bien, aunque lo que se busca es despejar la incógnita de quién alentó la entrada masiva, eso no impide, según trasladan fuentes de la Audiencia Nacional, que también se abra la vía de la responsabilidad del Estado español.