Las pruebas de cómo el PP de Rajoy intentó eliminar los papeles de Bárcenas vuelven a la mesa del juez

Asuntos Internos traslada al magistrado Piña grabaciones de Villarejo que detallan dos años de maniobras para obstruir la investigación sobre la caja b de la formación conservadora Villarejo, a Cospedal: “Hacéis policía nacional al chófer de Bárcenas y ya no puede hablar” Cuatro años después, las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que acreditan las maniobras ilegales de la policía para eliminar pruebas de la caja B del PP vuelven a la mesa del instructor del caso Tándem , que investiga los manejos de una mafia policial que perpetró numerosas operaciones a espaldas del juez durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

El instructor que tiene ahora sobre la mesa esas pruebas es Antonio Piña, quien sustituyó a Manuel García Castellón, jubilado en 2024.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha elaborado un informe sobre tres archivos de audio por los que preguntó el juez Piña para conocer su autenticidad y su vinculación con los delitos que se investigan.

Uno de los audios grabados por Villarejo fue analizado por Manuel García Castellón en la pieza 34 del caso Tándem, abierta en 2022, sin encontrar suficientes indicios de delito para imputar a la que fue secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

En esa conversación del 20 de enero de 2013, Cospedal mostraba su temor a que existiera, y se publicara en los medios de comunicación, una “libretita” donde el extesorero Luis Bárcenas habría apuntado pagos durante años a los secretarios y vicesecretarios del PP nacional.

Esos pagos trimestrales y semestrales nunca se declararon a Hacienda.

El dinero procedía de donativos ilegales al PP de empresas privadas, muchas de ellas contratistas de la administración.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”, le pedía Cospedal al comisario Villarejo.

Este prometía hacer todo lo posible, ya que conocía a los periodistas de El Mundo, aunque la “libretita” acabó publicada en El País el 31 de enero de 2013.

García Castellón rechazó imputar por estos hechos a Cospedal, pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.

Argumentó que el proceso penal español exige una base sólida para imputar y que no basta con sustentar una acusación en grabaciones troceadas o descontextualizadas .

Además, García Castellón sostuvo entonces que el contenido de los audios reflejaba conversaciones informales que no acreditaban de manera automática una participación ejecutiva de Cospedal en la presunta trama ilegal de espionaje del Ministerio del Interior.