Amilivia advierte de que los ayuntamientos tienen «mucho margen de mejora» en ciberseguridad

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha resaltado que los gastos en ciberseguridad deben considerarse «inversiones necesarias» para el funcionamiento de cualquier administración pública y ha advertido de que los ayuntamientos de la Comunidad tienen «mucho margen de mejora» en la materia.

No obstante, ha considerado que gracias al trabajo de fiscalización y las recomendaciones por parte de la entidad que preside se han producido avances en seguridad informática en los administraciones locales.Amilivia ha presentado en la tarde de este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes varios informes relativos al análisis de seguridad informática de los ayuntamientos de Segovia, Soria y Zamora, así como de las localidades leonesas de La Bañeza, Villaquilambre y Astorga.Con respecto al Ayuntamiento segoviano, ha indicado que alcanza un índice de cumplimiento global del 56 por ciento, aunque es necesario que el Consistorio continúe avanzando en la adaptación de los sistemas de información y en la implementación de las medidas definidas en el nuevo Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Además, ha remarcado la constancia de la voluntad y trabajo del ayuntamiento en la «mejora y desarrollo de un ámbito tan específico y complejo como es la seguridad informática».En cuanto al informe sobre la capital soriana, la situación es similar, «trabajando en una dirección efectiva de su política de seguridad informática, pero con carencias muy importantes en tal sentido en el ámbito de una adecuada relación de puestos de trabajo».

Alcanzaba un índice de cumplimiento global del 61 por ciento, es decir, también inferior al 80 por ciento, que es expresión de un proceso «bien definido y estandarizado».El tirón de orejas fue para el consistorio de la capital zamorana.

En este caso, según el informe del Consejo de Cuentas, el Ayuntamiento no realiza todas las acciones necesarias para una dirección efectiva de la política de seguridad informática, especialmente «en el ámbito de impulso de la cobertura de plazas, así como del nombramiento de los principales responsables de la gestión y seguridad informática».