Iustitia Europa pide al TC que no admita el recurso del Defensor del Pueblo por la 'ley de nietos'

El partido político Iustitia Europa se ha dirigido al Tribunal Constitucional para pedirle que rechace el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la expulsión de 163.000 electores del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) a la espera de que acrediten que son descendientes de exiliados por motivos políticos.

La formación que inició la batalla judicial por la incidencia electoral de los votos de extranjeros que obtuvieron la nacionalidad porque sus descendientes se marcharon de España entre el 1936 y el 1955, según la polémica instrucción de Sofía Puente, directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente, en lugar de por la aplicación de la 'ley de nietos', ha presentado un «escrito urgente de comparecencia 'ad cautelam' y oposición a la medida cautelarísima» solicitada por Ángel Gabilondo.Su presidente, el abogado Luis María Pardo, advierte de que si el tribunal de garantías admite el recurso del Defensor del Pueblo y adopta la medida cautelarísima solicitada, devolviendo a los inscritos la posibilidad de votar, «alteraría el régimen electoral del 29-N antes de resolver el fondo del amparo».El partido pone «especialmente en valor el papel de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y sostiene que el procedimiento seguido hasta ahora ha respetado los cauces propios de la jurisdicción ordinaria», según ha informado en una nota.

Su escrito ante el Constitucional subraya que «la medida solicitada por el Defensor del Pueblo pretende que las inscripciones afectadas recuperen eficacia electoral para el 29-N antes de que exista un pronunciamiento constitucional definitivo sobre la vulneración de derechos alegada».

Lo que, para Iustitia Europa, ese es el núcleo institucional del conflicto.Por eso, considera que «una cosa es ejercer el control constitucional y otra utilizar una cautelarísima inaudita parte para sustituir provisionalmente el juicio de legalidad del Tribunal Supremo antes de que se haya declarado vulneración constitucional alguna», afirma Pardo.

El escrito advierte además de que «una suspensión inaudita parte de los autos del Supremo podría abrir un precedente especialmente delicado en la relación entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional, con efectos sobre la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral».

El partido ve la figura de Pedro Sánchez detrás del movimiento del Defensor del Pueblo y le acusa de «empujar el conflicto a una crisis institucional entre poderes del Estado.

Una cosa es el control constitucional y otra sustituir provisionalmente el juicio del Supremo».