El PSOE pide al juez del caso Leire Díez que limite el acceso a la información bancaria investigada para evitar filtraciones

El PSOE ha reclamado al juez que instruye el caso Leire Díez que limite el acceso a los datos bancarios que se investigan en una pieza económica separada de la causa.

En un escrito fechado el 31 de agosto, el letrado del PSOE solicita al instructor Santiago Pedraz que solo permita el acceso a esta pieza a la Fiscalía Anticorrupción , de modo que las acusaciones populares y el resto de las partes lo tengan restringido.

También pide que se expurgue toda la información económica ajena al contenido de la causa.

El escrito de la formación socialista responde a un auto que Pedraz dictó el pasado 30 de julio, en el que acordó recabar información de 81 cuentas corrientes de doce entidades bancarias.

Se incluyen seis cuentas del Partido Socialista y otras de varios abogados presuntamente implicados en la causa —Ismael Oliver y Jacobo Teijelo—, así como del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su empresa Zaño Sociedad Consultores SL.

El propio magistrado de la Audiencia Nacional explicó en su escrito que era preciso abrir una pieza separada para evitar "que el traslado íntegro [de la información bancaria] y su íntegro volcado en las actuaciones permita su pública difusión".

Pedraz admitió incluso que si los "datos sensibles económicos" se incorporaban en la pieza principal —en la que están personadas las acusaciones populares— su filtración se tornaría "imposible de controlar".

Ahora, el representante del PSOE expone que las cuentas bancarias tituladas por el partido "contienen multitud de movimientos que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos que son objeto de las presentes actuaciones, y cuya identidad debe quedar salvaguardada".

Ello implica que se deben "extremar las cautelas para que no se produzca ninguna filtración a la opinión pública de aquellos datos no vinculados a la presente investigación", razona el letrado del PSOE.

La solución, a su juicio, es limitar el acceso a la pieza separada a la Fiscalía Anticorrupción y ordenar el "expurgo de los datos que se obtengan y no se correspondan con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados".