El Gobierno asume el control total del despliegue de centros de datos en España y abre la puerta a frenar inversiones ya anunciadas por las CCAA

Moncloa ultima un real decreto para obligar a los 'data center' a acreditar requisitos de soberanía tecnológica y eficiencia energética ante el Ejecutivo

El Gobierno no ha querido esperar a septiembre para dar el golpe definitivo al tablero de los centros de datos . Moncloa va a sacar a consulta pública de forma inminente un nuevo real decreto con el que asumirá pleno control del despliegue de nuevos data center en España. Las empresas promotoras tendrán que acreditar, mediante declaraciones responsables, que sus proyectos cumplen una serie de requisitos y será el Ejecutivo el encargado de comprobarlo y, en caso de incumplimiento, podrá parar los proyectos.

Es decir, el nuevo real decreto deja en manos de Moncloa la llave de paso de las futuras inversiones en centros de datos, que en España se concentran sobre todo en Madrid y Aragón . Además, abre la puerta a frenar proyectos que ya han anunciado los propios gobiernos autonómicos, pues se aplicará a todos los centros de datos que aún no hayan obtenido el permiso de acceso a la red.

El Ejecutivo busca anticiparse a algunos de los problemas que el despliegue masivo de centros de datos ha desencadenado en lugares como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos. Fuertes subidas del precio de la electricidad, desequilibrios en la red eléctrica o un acaparamiento de la producción de energía son algunos de los desafíos que hoy afrontan estos territorios. Gobiernos, reguladores y autoridades locales de los países más afectados están regulando a contrarreloj , incluso, imponiendo moratorias a la entrada de nuevos data center .

Moncloa ha decidido mover ficha antes de que la avalancha de proyectos anunciados en España se materialice. El proyecto de real decreto pretende instaurar un modelo centralizado, una vez que los proyectos anunciado han desbordado por completo las previsiones. Desde el gobierno insisten en que la estrategia nacional de IA preveía hasta 4 gigavatios (GW) de centros de datos para 2030, pero desde el año 2021 ya se le han otorgado al sector permisos por más de 12 GW .

El nuevo marco obliga a los promotores a declarar ante el Ministerio de Transformación Digital que la empresa que operará la infraestructura está establecida en la Unión Europea, así como que la información que maneje no saldrá del perímetro comunitario y que terceros países no podrán acceder a sus datos. Si el ministerio comprueba que no cumplen, podrá retirarle los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, lo que en la práctica supone la muerte del proyecto.

El consumo de agua y energía es otro de los puntos de fricción para la constucción de data center , ya que estos necesitan un volumen ingente de electricidad prácticamente las 24 horas del día y agua para refrigerarse. Por ello, el Gobierno propone obligar a sus promotores a presentar también una declaración responsable ante el Ministerio de Transición Ecológica, que exigirá a todos los proyectos de más de un megavatio (MW) la máxima categoría de eficiencia energética, en línea con el marco europeo.