El Gobierno crea la mitad de los jueces que demanda Andalucía a solo mes y medio de las elecciones generales

¿Cuántos jueces le hacen falta a Andalucía? El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) asegura en su último informe anual que 216, y el Gobierno de España, que este año no ha reforzado el sistema con togado alguno, acaba de anunciar que en 2027 creará 94 plazas en la comunidad autónoma, además de 47 de fiscales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este semana la tramitación urgente de dos reales decretos que amplía la planta judicial del país en un 7,8 por ciento: lo hace a un mes y medio de las elecciones generales.«La creación de setecientas plazas en toda España entre jueces y fiscales se enmarca en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros».

Ésta la versión oficial del Ejecutivo , tal y como detalla la nota de prensa distribuida el martes por el Ministerio que dirige Félix Bolaños , que destaca que Andalucía es una de las comunidades más beneficiadas porque se trata de una de las que presenta «una mayor necesidad de refuerzos».Así, la región comparte con Cataluña el primer puesto en dotación de nuevas plazas de jueces -las citadas 94-, seguidas por Madrid (74) y la Comunidad Valenciana (53).

En cuanto a las nuevos puestos de fiscales, Andalucía se hará en 2027 con 31 profesionales, el segundo dato más elevado solo por detrás de Cataluña , que sumará 47.«La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población)», indica el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , que remata que «trasladará» su decisión «al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones».El punto de vista de la Administración autonómica es diferente, a tal punto que niega de plano que el Ministerio haya tomado sus decisiones después de un diálogo con los gobierno regionales.