Feijóo reclama el retorno a Marruecos de «todos» los que cruzaron la frontera

Todos.

Así de tajante se ha mostrado este miércoles el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre quiénes deben retornar a Marruecos tras haber cruzado ilegalmente la frontera de Ceuta. «Retorno de todos aquellos que hayan entrado ilegalmente», ha dejado claro en su segunda visita a la ciudad autónoma desde el asalto masivo de hace tres semanas.Pese a ser una reivindicación habitual del PP, este miércoles esa expresión no ha pasado desapercibida, ya que coincide con el plan del Gobierno para trasladar a la Península a 500 niñas que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.«El interés superior del menor es estar con su familia.

Marruecos ha dicho que está dispuesto a recoger a todos los menores. ¿Por qué no se remiten los menores?», ha preguntado Feijóo en una comparecencia junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en la que ambos se han mostrado muy críticos con el Gobierno.El presidente de los populares ha anunciado además que su partido llevará al Tribunal Supremo la negativa del Ejecutivo a que sus ministros comparezcan en el Senado para dar cuentas del asalto masivo a la frontera de Ceuta hace tres semanas, en el que decenas de miles de personas lograron acceder ilegalmente a territorio español.La sala Clara Campoamor de la cámara territorial vive estos días una sucesión de comparecencias frustradas.

Un ministro tras otro han desoído la llamada para acudir a sede parlamentaria a rendir cuentas.

El primero fue, la semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska —que repetirá plantón este jueves—, y después han dejado la silla vacía los de Exteriores, José Manuel Albares; y de Defensa, Margarita Robles.Además de su reprobación, Feijóo ha adelantado que el PP va a acudir al Supremo para que aclare si los ministros pueden negarse a comparecer. «El Gobierno no puede decidir en qué cámara comparece, ni cuándo lo hace ni en qué condiciones», ha denunciado reivindicando el derecho del Parlamento a ser informado sobre la «invasión» de una ciudad autónoma.