Gobierno de Colombia presenta al Congreso un proyecto de ley de sometimiento a la Justicia

Bogotá, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Colombia presentó este martes al Congreso un proyecto de ley de sometimiento a la justicia para los miembros de los grupos armados ilegales, que propone la rebaja de hasta el 50 % de las penas para aquellos combatientes que decidan acogerse a esta iniciativa.

"Esta (propuesta) parte de la justicia ordinaria en la que se va a ir bajando la pena hasta en una proporción, si usted no ha sido líder la organización, de hasta el 50 % y si ha sido líder de la organización de hasta el 30 %.

Puede haber algo más dependiendo de los aportes", expresó el ministro de Justicia colombiano, Iván Cancino.

El Gobierno busca así fortalecer su política de seguridad luego de que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, desmantelara la propuesta de 'paz total' de su antecesor, Gustavo Petro, quien negociaba la paz con algunas guerrillas o disidencias de las extintas FARC y el sometimiento a la justicia de otros grupos armados.

"Estamos hablando de combatir organizaciones terroristas.

Este no es un proceso de negociación, este es un proceso donde les estamos dando un marco jurídico, de acuerdo a la ley ordinaria, para que de acuerdo al aporte pueda ir bajando (la pena)", añadió Cancino al explicar el proyecto gubernamental.

En ese sentido señaló que si bien "hay unos beneficios que no son tan exagerados como los que había antes", con esta propuesta "no se suspenden órdenes de captura" o de extradición, ni tampoco "lugares de retención especiales".

"Todo esto es para aquellas personas que aún estén en la ilegalidad, reflexionar e incorporarse a la legalidad después de cumplir un trámite punitivo y de política criminal", añadió el ministro.

Esta propuesta beneficiará a organizaciones dedicadas a actividades en economías ilícitas, que cometan actos terroristas o afecten la seguridad y los derechos de la población, desde grupos armados ilegales hasta redes criminales más pequeñas.

La propuesta, explicó el ministro, busca dotar al Estado de herramientas jurídicas clave para desmantelar actores armados ilegales, así como garantizar el orden público, intervenir los territorios de forma integral y proteger a los civiles.

EFE