La energía barata que terminó saliendo cara

Durante buena parte de las últimas dos décadas, la política energética argentina estuvo dominada por una idea aparentemente atractiva: mantener bajos los precios y las tarifas de la energía para proteger el ingreso disponible de las familias y los costos de las empresas .

El beneficio era inmediato y muy visible.

Una factura de gas o electricidad artificialmente barata dejaba más pesos disponibles para consumir otros bienes.

El problema es que el costo de producir , transportar y distribuir esa energía no desaparecía .

Simplemente se trasladaba a otro lugar.

Lo que los usuarios dejaban de pagar en sus facturas terminaba siendo cubierto por el Estado mediante subsidios , por las empresas a través del deterioro de sus ingresos y su capacidad de inversión, o por la economía en su conjunto a través del déficit fiscal , la inflación y la necesidad de importar energía.

Sin inversión, la infraestructura se deterioraba, comprometiendo la calidad del servicio y la seguridad energética futura.

La energía barata por decreto terminaba, tarde o temprano, siendo cara para todos.

Los costos ocultos de los subsidios Los subsidios energéticos pueden ser una herramienta necesaria para proteger a los hogares vulnerables .

El problema aparece cuando dejan de estar focalizados y se convierten en un mecanismo generalizado para mantener precios y tarifas artificialmente bajas con independencia del nivel de ingresos, del consumo o de la capacidad económica de cada usuario.

Durante los años 2000, la Argentina avanzó sistemáticamente en esa dirección.

En un contexto de inflación creciente , las tarifas de electricidad y gas permanecieron durante largos períodos prácticamente congeladas, mientras los costos de generación, producción, transporte y distribución aumentaban.

La diferencia comenzó a ser absorbida crecientemente por el Estado .

El esquema tenía una lógica política sencilla.