Baja de la edad de imputabilidad: la Defensoría presentó un recurso para que intervenga el máximo tribunal porteño

La Defensoría Oficial presentó un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revise la cuestión vinculada con el nuevo Régimen Penal Juvenil , que fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

La presentación fue impulsada por el defensor Emilio Capuccio ante la Cámara de Apelaciones, con el objetivo de que la discusión llegue al máximo tribunal porteño.

La iniciativa se conoce después de que la Cámara en lo Penal y Contravencional de la Ciudad revocara la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación de la ley a un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo en Palermo.

La magistrada también había dispuesto el sobreseimiento del joven .

El expediente se originó por un episodio ocurrido el 10 de septiembre.

Según la reconstrucción judicial, un hombre de 47 años pidió ayuda a un policía luego de advertir que un grupo de adolescentes lo seguía.

La intervención de los efectivos impidió que se concretara el robo.

La jueza porteña, Laura de Marinis, declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un menor de 14 años. (Foto: ijudicial) Al fundamentar su decisión, De Marinis sostuvo que su planteo se limitaba a las circunstancias particulares del adolescente y no implicaba cuestionar la validez general del régimen.

Entre los aspectos que consideró mencionó que el joven estaba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse.

A su criterio, someterlo a un proceso penal podía tener efectos regresivos y estigmatizantes.

Leé también: Tras la polémica, la Corte Suprema restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros La Fiscalía apeló esa resolución y el caso llegó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones, integrada por Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza.

Los tres jueces coincidieron en revocar el fallo , aunque expusieron fundamentos propios.

Mahiques sostuvo que la jueza no había demostrado que el artículo 1 de la Ley 27.801 fuera incompatible con la Constitución o los tratados internacionales.

Consideró que sus argumentos expresaban, en cambio, una valoración crítica de la política criminal elegida por el Congreso .