¿Colegios públicos en manos privadas y de la iglesia hasta por 12 años?: las luces y sombras de la propuesta que divide a la educación en Colombia

El Ministerio de Educación Nacional puso en consulta pública un proyecto de decreto destinado a modificar el Decreto 1075 de 2015 —Único Reglamentario del Sector Educación—.

La iniciativa busca redefinir la prestación y administración del servicio educativo en las entidades territoriales certificadas.

Aunque la norma técnica fue dada a conocer mediante borrador firmado por la entonces ministra Viviane Morales, la discusión sigue latente bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Ilva Myriam Hoyos , y plantea interrogantes de fondo: la posible entrega de la gestión de colegios oficiales a operadores privados por plazos de hasta 12 años y la firma de convenios pedagógicos con iglesias y confesiones religiosas.

La propuesta gubernamental reabrió una histórica tensión en el país: ¿se trata de un avance en eficiencia y cobertura para las zonas de difícil acceso o de un paso hacia la privatización y el debilitamiento de la educación laica? Para analizar los alcances del proyecto, Infobae Colombia consultó a representantes del magisterio, expertos en derecho constitucional e historia jurídica, autoridades territoriales de educación y especialistas en modelos pedagógicos .

Desde sus respectivas experiencias y áreas de conocimiento, los consultados expusieron las fortalezas, los riesgos y los desafíos de este modelo educativo, que, aunque plantea nuevos mecanismos de administración, ya opera en Colombia bajo la modalidad de ‘Cobertura Educativa Contratada’.

La oposición del magisterio: constitucionalidad, laicismo y estabilidad laboral Desde la acera sindical, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) rechazó de manera tajante el borrador de decreto.

Miguel Pardo, ejecutivo de la organización, advirtió que el texto presentado por el Gobierno incurre en serias contradicciones con el marco constitucional e institucional vigente .

En diálogo con Infobae Colombia , Pardo comenzó fijando la postura del gremio: “En primer lugar, un saludo vital, fraternal y pedagógico a Infobae y agradecerle esta entrevista.

Desde la federación tenemos que decir que, como está planteado el proyecto de decreto que la ministra saliente presentó a consulta ciudadana sobre la contratación de la educación con el sector privado, tenemos que llegar en primer lugar a que es inconstitucional.

Y en segundo lugar, que es profundamente regresivo”.

Según el dirigente, la propuesta vulnera lo conquistado en el Acto Legislativo 03 de 2024, norma que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP) para blindar los recursos del sector oficial.