Reforma energética en Honduras: sistema cambia de modelo y será dividido en tres empresas

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) entra en una nueva etapa tras la aprobación de la Ley de Justicia Energética, una reforma que mantiene la propiedad estatal de la empresa, pero modifica de manera sustancial la forma en que funcionará el sistema eléctrico hondureño.

La reforma denominada Ley de Justicia Energética fue aprobada con 78 votos a favor y estableció que la ENEE conservará su carácter de empresa pública y seguirá siendo propiedad del Estado(bajo custionamiento).

El nuevo marco no contempló la venta de la estatal ni la enajenación de sus activos, aunque planteó una transformación de su estructura y un modelo operativo con mayor participación privada.

Uno de los cambios centrales será la división de las principales actividades del sistema eléctrico en tres subsidiarias : generación, transmisión y distribución.

La ENEE mantendrá la propiedad de las centrales hidroeléctricas y, de acuerdo con la propuesta aprobada, las subsidiarias serán las encargadas de desarrollar las operaciones correspondientes a cada segmento.

La reforma también estableció que los activos de la estatal no podrán ser subastados, mientras que cualquier intento de vender o privatizar la empresa requerirá una mayoría calificada de 96 votos en el Congreso Nacional, equivalente a tres cuartas partes del hemiciclo.

La propuesta aprobada eliminó la posibilidad de realizar contrataciones directas y estableció que las compras deberán efectuarse mediante procesos de licitación pública.

Además, planteó priorizar mecanismos como la subasta inversa para procurar mejores condiciones de contratación.

Primeras reformas Durante la discusión, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix , cuestionó que Honduras lleve cerca de dos décadas sin realizar una licitación de energía y señaló que el nuevo mecanismo busca introducir mayor competencia y transparencia en estos procesos.

Cálix explicó que la propuesta de su bancada fue elaborada después de consultar con especialistas nacionales e internacionales y que incorporó 16 modificaciones respecto del dictamen originalmente presentado.

La propuesta estableció que cualquier decisión encaminada a vender o privatizar la empresa deberá contar con el respaldo de 96 diputados.

De esta manera, aunque la reforma abre espacios para una mayor participación privada dentro del mercado eléctrico, mantiene bajo control estatal la propiedad de la empresa y de sus principales activos estratégicos.

El planteamiento busca separar la discusión entre la propiedad de la ENEE y la forma en que se desarrollarán las actividades del sector, con la participación de empresas privadas bajo las nuevas reglas de operación y contratación.