El “efecto sándwich” golpea a familias y empresas

El “efecto sandwich” sigue golpeando a familias y empresas.

A pesar de la desaceleración del IPC, los gastos fijos de los hogares avanzan sustancialmente por encima de la inflación general y de los salarios .

En el caso de las empresas industriales, los costos de los servicios públicos (luz y gas) suben muy por arriba de la inflación de bienes, que a su vez va muy atrás del IPC y los salarios.

Según el Indec, desde diciembre de 2023 (incluido) hasta agosto de 2026, el IPC aumentó 336%, mientras que las tarifas de los servicios públicos (“vivienda, agua, electricidad, gas”) aumentaron un 638% , los servicios regulados 536%, los colegios privados un 467% y la telefonía celular e internet un 452%.

El salario privado registrado, en tanto, se ajustó por detrás de la inflación: el poder adquisitivo era en junio pasado (último dato) 3,4% menor que en noviembre de 2023.

Con ese drástico ajuste de precios relativos, los servicios públicos pasaron de representar un 5% del presupuesto de las familias antes de Milei a un 15% en la actualidad .

Al recorte del ingreso disponible después del pago de gastos fijos se suma el impacto de la carga del endeudamiento de los hogares.

Según el BCRA, hoy el 25% de la masa salarial registrada se destina a pagos de deuda de préstamos personales, tarjetas, prendarios e hipotecarios, mientras que en abril de 2024 era el 10%.

Entre pago de tarifas y deuda, el 40% del ingreso de los hogares ya tiene destino asignado al comenzar el mes, mientras que esos gastos antes eran el 15%.

No hay plata... para el supermercado, la compra de indumentaria, calzado o el consumo masivo en general.

Esa dinámica de ajuste de precios relativos de un plan de estabilización que todavía no terminó de estabilizar sigue en marcha.

Entre agosto de 2026 y agosto de 2025, el IPC aumentó 33,5% , mientras que el transporte público subió 52%; combustibles, 50%; “vivienda, agua, electricidad y gas”, 49,1%; educación, 40%; y tarifas de celular e internet, 38,6%.

En el último año, ese ajuste se produjo en el contexto de un salario real que cayó 3,2% en el sector privado registrado (junio 26/junio 25, Indec) y 7,5% en el sector público nacional, con una pérdida de 126.000 empleos asalariados privados registrados (SIPA).

Es lógico que se haya disparado la morosidad y que, junto con la disparada de las tasas, el crédito se haya frenado.