Tras dos meses de acefalía: quién es el funcionario que eligió el Gobierno para manejar la Subsecretaría de Ambiente

Después de dos meses de acefalía, el Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ambiente de la Nación.

Su nombre es Juan Andrés Trebino, sucede a Fernando Brom, y su cargo se oficializará a inicios de la semana próxima.

Trebino es un abogado con al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y la gestión pública .

Su primera experiencia fue en 2011 como asesor legal en la Director Nacional de Control Ambiental, cartera que en 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri, encabezó por siete meses para después escalar al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

De acuerdo con el Boletín Oficial, su participación en la función pública terminó en diciembre de 2019, con el recambio presidencial y el inicio de la última administración peronista.

El nuevo subsecretario trabaja en Trebino, Jure & Tiscornia, un estudio jurídico especializado en asesoría en “derecho ambiental a grandes empresas” que fundó en 2015.

Ha representado a compañías de los sectores de agricultura, pesca y ganadería.

También encabeza la consultora ambiental Greenco S.A. y es profesor en la Universidad de San Andrés , puesto que mantendrá durante su nueva gestión en el gobierno nacional.

Además, se presenta como director ejecutivo de la asociación Consenso Patagonia, que se define como un conjunto de “rionegrinos, neuquinos, chubutenses.

Comerciantes, empresarios, productores y empleados preocupados por la ausencia de respuestas del Estado frente al conflicto territorial que cuestiona el derecho de propiedad en la Patagonia” .

En su portal comparten noticias sobre todo de la región de los Lagos y asociado al conflicto mapuche.

En las pocas manifestaciones públicas que ha tenido se mostró a favor de la derogación de la ley de emergencia territorial indígena .

“A nuestro criterio, además, la última prórroga de esa ley era inconstitucional, porque una ley no puede prorrogarse por un decreto .

Se utilizó políticamente y de manera abusiva para violar otros derechos fundamentales como la propiedad privada”, declaró a medios de Bariloche.