“No fue un error, fue un crimen”: las familias de las víctimas del fentanilo contaminado siguen reclamando justicia

Hace 33 años comencé a leer expedientes judiciales para transformar esa letra dura y fría en una redacción, en lo posible, atractiva, para el lector.

No siempre lo conseguí.

El lenguaje leguleyo suele imponerse, sobre todo, cuando las causas involucran aspectos duros como defraudaciones económicas, niveles de resistencia de materiales de un edificio que colapsó, o herencias para justificar gastos insostenibles de un funcionario público.

Pero hay otros expedientes que conmueven, donde los argumentos de los abogados defensores avergüenzan y los relatos de las víctimas estrujan el corazón .

Esto último me pasó en tres casos: Cromañón , Once y ahora, con el de fentanilo contaminado ; según la opinión de la Justicia, la peor tragedia sanitaria del país .

Como si fuera una operación de suma y resta de fracciones los tres expedientes están unidos por un denominador común: funcionarios que no controlaron y muertes evitables.

El pasado 1 de septiembre el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento contra las máximas autoridades con facultad de policía para certificar que los laboratorios que producen medicamentos cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación.

El magistrado consideró que Agustina Bisio , titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó , directora del Instituto Nacional de Medicamentos ( INAME ), fueron partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y confirmó, caso por caso, una nómina cerrada de 90 pacientes fallecidos y 44 sobrevivientes con secuelas.

En total, 143 víctimas , además de la constitución de 47 querellas en el expediente.

El juez no solo cuantifica con precisión el impacto de la tragedia, las edades de los afectados y los lugares en que fueron tratados con el medicamento en mal estado, sino que describe con criterio científico los síntomas que padecieron, las “reuniones clandestinas” entre supervisoras y supervisados -ya procesados y encarcelados-, y la magnitud del expediente que ocupa cajas, cajones, estanterías y hasta depósitos donde se resguardan más de 230.000 ampollas contaminadas, que los funcionarios judiciales lograron retirar de circulación en un extraordinario despliegue a lo largo de todo el país, evitando que esos medicamentos llegaran a más pacientes.

Quiénes son las víctimas más jóvenes Entre los 90 fallecidos que reconoce la resolución, la víctima de menor edad es Catarina Chamorro , una beba de siete meses muerta el 23 de mayo de 2025 en el Sanatorio de Niños y Maternidad Oroño de Rosario .