La ley de defensa de la soberanía nacional

El 17 del mes último el Poder Ejecutivo ingresó para su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley titulado de Defensa de la soberanía nacional.

La oportunidad de esta ley está determinada por el conflicto desatado por el desarrollo del yacimiento petrolífero offshore de Sea Lion en la plataforma continental argentina ocupada como proyección de las Islas Malvinas por el Reino Unido .

La iniciativa se suma a la presentación del gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar solicitando medidas provisionales para impedir esa explotación petrolera.

Comprende siete títulos que tratan temas que admitirían tratamiento independiente, aunque todos tocan las áreas de defensa y seguridad en su proyección internacional.

Eso los vincula con el conflicto de Malvinas y, al incluirlos en un solo cuerpo legal, se unifica la negociación política para su aprobación.

Establece, además, las penalidades para todo aquel -sea persona jurídica o humana, nacional o extranjera- que participe directa o indirectamente en una actividad petrolera en la plataforma continental argentina sin autorización de nuestro gobierno .

Apunta a las operaciones petroleras en el mar iniciadas al norte de las Malvinas.

Quedarán alcanzadas no solo las empresas que conducen la explotación, sino también los proveedores de insumos y de servicios, los subcontratistas, consultores, transportistas, comercializadores y entidades financieras.

Este proyecto de ley amplía y da más precisión a las actividades alcanzadas y a las penalidades que, con el mismo objeto, estableció la Ley 26.659 sancionada en 2011.

De ser sancionado neutralizará la posible elusión mediante artificios societarios o ventas simuladas .

Además establece penas sobre las personas responsables y multas expresadas en montos en dinero equivalente a barriles de petróleo.

El ejercicio de este poder punitorio fuera del alcance real de la justicia argentina será una cuestión pendiente .

Sin embargo, la penalidad más relevante y efectiva será la inhibición para participar en cualquier actividad hidrocarburífera o minera en nuestro país.

El tamaño y la importancia internacional que han adquirido los recursos de Vaca Muerta , así como la minería del litio y el cobre, le dan hoy significado y efectividad a estas penalidades.