Gobierno panameño apuesta por beneficios fiscales para ampliar la infraestructura turística del interior
El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 31-26 , que crea un nuevo régimen de incentivos fiscales para las inversiones turísticas en Panamá.
La propuesta busca unificar normas actualmente dispersas , atraer capital nacional y extranjero, generar empleos y ampliar la oferta de alojamiento y experiencias fuera de los destinos tradicionales.
La aprobación del Ejecutivo no significa que el régimen ya esté vigente .
El documento deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional, donde será sometido a los tres debates reglamentarios.
Solo después de su aprobación, sanción presidencial y promulgación podrá adquirir fuerza de ley .
La iniciativa sustituirá el esquema de la Ley 80 de 2012 , cuyo plazo para inscribir empresas fuera del distrito de Panamá en el Registro Nacional de Turismo venció el 31 de diciembre de 2025.
Esa normativa ofrecía exoneraciones tributarias a proyectos nuevos y establecimientos en operación .
Bajo el régimen anterior, los alojamientos ubicados fuera del distrito capital podían recibir 15 años de exoneración del impuesto sobre la renta y de inmuebles .
También se concedían cinco años para importar materiales de construcción y diez para introducir muebles, enseres y equipos destinados exclusivamente al proyecto turístico .
La Ley 80 exigía inversiones mínimas de $250.000 para nuevas construcciones , mientras los proyectos nuevos en áreas indígenas y las remodelaciones o equipamientos requerían al menos $100.000.
El nuevo modelo elevará a $1 millón la inversión mínima para modernizar establecimientos existentes .
Uno de los cambios principales será la aplicación diferenciada de los incentivos según el territorio .
Los nuevos alojamientos construidos en el Caribe panameño podrán recibir exoneraciones del impuesto sobre la renta y de inmuebles durante 15 años, debido a la mayor brecha de infraestructura turística identificada en esa región .
Estos proyectos también dispondrán de cinco años de exoneración para importar materiales de construcción y diez años para equipamiento.
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