Con 3 menores muertos en operación militar del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, ya van 107 en los últimos tres gobiernos

La muerte de tres menores de edad durante una reciente operación militar en Guaviare volvió a poner sobre la mesa el debate por la presencia de niños y adolescentes en zonas de combate y por las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Militares ejecutan bombardeos contra estructuras armadas.

Con los casos registrados el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, el número de menores fallecidos durante operaciones militares en los tres últimos gobiernos llegó a 107.

El consolidado corresponde a 42 muertes durante la administración de Iván Duque, 62 durante el gobierno de Gustavo Petro y tres en los primeros días del mandato de Abelardo de la Espriella.

El episodio más reciente ocurrió durante el operativo Amón, dirigido contra tres zonas campamentarias del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de alias Calarcá.

La acción dejó 10 integrantes de esa estructura muertos.

Entre ellos estaban dos menores de 15 años y otro de 16.

Además, las autoridades reportaron un capturado y la recuperación de otro menor.

Las Fuerzas Militares divulgaron imágenes de la operación, en las que se observa el despliegue de las aeronaves, el ingreso posterior de las tropas y el material de guerra encontrado en el lugar.

El Gobierno de De la Espriella defendió la actuación militar.

A través de su cuenta oficial en X, el presidente manifestó su respaldo a este tipo de operaciones y sostuvo que deben realizarse contra los grupos armados dentro de las normas establecidas.

“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas (sic)”, señaló.

El mandatario también cuestionó a las organizaciones armadas por reclutar menores y utilizarlos dentro de sus estructuras.

Según su posición, quienes recurren a estas prácticas deben responder por las consecuencias de incorporar a niños y adolescentes al conflicto.

“Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario (sic)”, expresó.