El Calabozo: El operativo militar que dejó más de 200 víctimas y decenas de niños salvadoreños desaparecidos
La madrugada del 21 y 22 de agosto de 1982, la violencia militar tiñó de sangre las orillas del río Amatitán, en el municipio de San Esteban Catarina , departamento de San Vicente .
En ese arenal conocido como El Calabozo , más de 200 personas fueron asesinadas, según la Comisión de la Verdad .
Sin embargo, cifras de organizaciones de derechos humanos estiman que la cantidad de víctimas se acerca a los 300, en su mayoría campesinos, mujeres, ancianos y niños.
La operación militar “Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma”, ejecutada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) , dejó una huella de horror que persiste hasta hoy.
El operativo comenzó el 18 de agosto de 1982 y recorrió tanto la zona norte como la sur de San Vicente durante las últimas semanas de ese mes.
Según la reconstrucción de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) , la operación fue extensa y planificada, combinando ataques aéreos y terrestres, incursiones de batallones especializados como el Batallón Atlacatl , y un rastreo sistemático de comunidades rurales.
Las fuerzas armadas emplearon bombardeos, artillería y maniobras de cerco, bajo la justificación de combatir la presencia de la insurgencia del FMLN en la región.
El cerco militar dejó sin escape a cientos de campesinos que huían de las incursiones y bombardeos.
Testimonios recogidos por la CNB y Pro-Búsqueda relatan cómo familias enteras buscaron refugio en la ribera del Amatitán, hasta ser alcanzadas por el fuego militar.
El ataque fue indiscriminado: no hubo distinción entre civiles y supuestos combatientes.
Muchas víctimas fueron ejecutadas a corta distancia, mientras otras sufrieron violencia sexual y sus cuerpos fueron arrojados al río o tratados con ácido, imposibilitando su identificación posterior.
Tras la masacre, la versión oficial negó los hechos.
El entonces ministro de Defensa, José Guillermo García , aseguró que no hubo masacre, pese a la evidencia documentada por la Comisión de la Verdad y organismos de derechos humanos.
La aprobación de la Ley de Amnistía en 1993 bloqueó durante años cualquier investigación judicial.
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