Minería ilegal en Chocó habría financiado campañas políticas con oro en 2026: Gobierno alerta por próximas elecciones regionales

El Gobierno nacional advirtió que las rentas de la explotación ilegal de oro en el Baudó y en Nóvita, Chocó, donde fueron identificadas más de 100 retroexcavadoras sin autorización, habrían financiado campañas políticas de 2026 y podrían repetirse en las regionales de 2027.

La denuncia pública se conoció el domingo 11 de octubre a través de una comunicación del vocero del Gobierno nacional, Miller Soto.

Según expuso, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, abordó un helicóptero MI-17 y sobrevoló las zonas de explotación minera ilegal en el departamento del Chocó para verificar de primera mano la magnitud de la intervención sobre el territorio.

Desde el aire, según indicó Soto, se observaron terrenos abiertos a pala, ríos desviados y amplias áreas de tierra removida.

El foco principal estuvo en el área del Baudó y en el corregimiento de San Lorenzo, en el municipio de Nóvita, donde se contabilizaron las retroexcavadoras que estaban operando sin permisos ambientales ni títulos mineros.

El vocero describió campamentos atribuidos a estructuras armadas, el uso de documentos falsos para ingresar a los predios, la utilización de productos químicos para el beneficio del oro y modificaciones severas sobre los cauces de los ríos.

Para el Ejecutivo, esas imágenes confirman que no se trata de minería de subsistencia, sino de una operación de gran escala con capacidad logística y armada.

Una hipótesis en manos de la Fiscalía: oro ilegal en la política El punto más sensible del anuncio es la hipótesis que, según Miller Soto, el ministro Lara ya llevó a la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con esa línea de investigación por verificar, parte de las rentas obtenidas de estas operaciones de extracción ilícita habría sido destinada a financiar campañas políticas de 2026.

La misma hipótesis plantea que ese esquema de financiación irregular podría repetirse en las elecciones regionales de 2027.

El vocero no entregó nombres de candidatos, partidos o campañas presuntamente beneficiadas, ni identificó a personas específicas vinculadas.

Aclaró que se trata de señalamientos que deberán ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.

Sobre ese aspecto, Soto fue enfático en que quienes puedan tener responsabilidad deberán responder ante la justicia, sin distinción.

La declaración busca poner en la agenda pública el vínculo entre economías ilícitas y contienda electoral, un fenómeno que históricamente ha afectado a regiones con alta presencia de minería criminal.