El Gobierno reconocido internacionalmente de Yemen denuncia al menos 150 civiles muertos en la ofensiva hutí

El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha afirmado este domingo que al menos 150 civiles han fallecido y un mínimo de 200 han resultado heridos en los últimos diez días a causa de ataques atribuidos a las milicias rebeldes hutíes en su ofensiva hacia el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

"El Ministerio de Derechos Humanos condena enérgicamente la escalada militar y las violaciones generalizadas cometidas por las milicias terroristas hutíes desde el 3 de septiembre", ha afirmado la cartera en un comunicado en el que alude a ataques "en varias zonas de las gobernaciones de Taiz, Hodeida y Marib, así como bombardeos con misiles balísticos, drones y diversos tipos de armamento, y ataques contra zonas pobladas, campamentos de desplazados y convoyes de civiles desplazados de zonas de combate".

Asimismo, y haciendo referencia a un recuento inicial, el Ministerio ha indicado estos ataques han provocado "la muerte de 150 civiles y heridas a más de 200", a lo que ha agregado que "cerca de 85.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, sufriendo la destrucción de propiedades y la privación de sus hogares, medios de subsistencia y necesidades básicas".

La cartera ha relatado ejemplos como "bombardeos directos contra civiles que huían" de zonas de combate en la gobernación de Hodeida y que afectaron a "civiles incluso cuando se dirigían desde zonas de conflicto a zonas más seguras", dejando así "decenas de muertos y heridos".

El comunicado también recoge "repetidos bombardeos con misiles balísticos y drones" contra campamentos de desplazados y barrios residenciales en Marib, "lo que provocó la muerte o heridas a decenas de niños y expuso a miles de familias desplazadas a riesgos directos y a una nueva ola de violencia y desplazamiento".

Asimismo, el Ejecutivo radicado en Adén ha denunciado "asaltos y saqueos de sedes de organizaciones internacionales, viviendas e instituciones gubernamentales, así como el secuestro de un periodista en la ciudad de Moca, además del secuestro de empleados, funcionarios públicos y trabajadores del poder judicial".

Subrayando que estos hechos "constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", la cartera ha esgrimido que "algunos de estos actos podrían constituir crímenes de guerra".