El gremio de transportistas exige al gobierno de Guatemala medidas de seguridad tras el asesinato de un conductor de bus
El GRETEXPA exigió al Gobierno de Guatemala medidas urgentes de seguridad después de que el asesinato de un conductor en la Calzada San Juan elevara a 37 los pilotos de bus extraurbano asesinados en lo que va de 2026, una cifra que el gremio presentó como prueba de una violencia sostenida que golpea a un servicio que la Constitución protege como esencial.
El reclamo fue dirigido este viernes 28 de agosto al presidente Bernardo Arévalo de León y al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval.
El pedido incluyó un plan permanente para las principales rutas extraurbanas, acciones contra las redes de extorsión y el despliegue del Ejército de Guatemala en terminales y puntos de transferencia.
La organización vinculó su pronunciamiento con el ataque armado ocurrido el jueves 27 de agosto en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Allí murió un piloto de aproximadamente 30 años que conducía una unidad con destino al municipio de San Raymundo .
Los Bomberos Municipales atendieron a la víctima en el lugar, pero confirmaron que murió por la gravedad de las heridas.
En el mismo ataque, dos pasajeras resultaron lesionadas: una sufrió un roce de bala y otra fue alcanzada por fragmentos de vidrio, y ambas fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Accidentes.
Horas después, la Policía Nacional Civil capturó a dos personas señaladas como presuntos sicarios del Barrio 18.
A los detenidos se les decomisó un revólver ilegal y el vehículo en el que intentaban huir.
El gremio denunció falta de respuesta estatal ante una violencia sostenida En el comunicado, la junta directiva de GRETEXPA describió el escenario como una “imparable ola de violencia” que “enluta familias y paraliza la movilidad del país”.
También sostuvo que ningún funcionario ha mostrado “voluntad política ni efectividad necesaria” para proteger al sector.
El texto atribuyó esa falta de respuesta a una omisión del Estado frente a un servicio público esencial.
El gremio afirmó que la inacción oficial contraviene el artículo 131 de la Constitución Política de Guatemala, que resguarda el transporte en esa condición.
La organización también planteó una advertencia directa sobre el costo humano de los ataques.
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