Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum

La crisis política e institucional de Allen , en Río Negro , tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre , cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román .

El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.

El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos.

La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal , un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.

La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román , en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales.

En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.

Una disputa institucional que llegó a la Justicia El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026 , que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal.

La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos , y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración.

Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa .

La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo , señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados .

De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 , el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo.

El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38.

Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.

La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado.