El Supremo hondureño convoca a garífunas a un diálogo sobre conflictos por sus territorios

Tegucigalpa, 18 ago (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras convocó este martes a la comunidad garífuna a un "espacio amplio de diálogo" para abordar la conflictividad histórica por sus derechos territoriales y evaluar el cumplimiento de las cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Los garífunas de Honduras, comunidad afrodescendiente originaria de San Vicente y asentada en el país desde 1797, viven en la costa caribeña en decenas de comunidades que mantienen una histórica lucha por la defensa de sus territorios ancestrales, sus derechos y mejores condiciones de vida.

"Este no es un asunto que pueda reducirse a un expediente penal.

Se trata de una problemática histórica y estructural que involucra derechos colectivos, seguridad jurídica, registros de propiedad, actuación institucional, obligaciones internacionales y responsabilidades compartidas del Estado hondureño", subrayó en un comunicado el Poder Judicial.

El encuentro se celebrará este miércoles en la sede del Supremo, donde han sido citados representantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), del Comité de Sentencias, de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General.

A la cita también se prevé la asistencia de los titulares de las secretarías de Derechos Humanos y de Seguridad, así como del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El Supremo solicitará además el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en calidad de observador técnico.

La convocatoria se produce días después de que la coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda, denunciara a EFE que la comunidad garífuna sufre una "horrible persecución" y el desplazamiento de sus territorios ancestrales ante el incumplimiento del Estado de las sentencias de la CorteIDH.

“La única respuesta que ha habido de este Gobierno es llegar a desplazar a las comunidades, hacer una horrible persecución”, afirmó entonces Miranda, quien cuestionó la falta de apertura al diálogo del Gobierno que preside Nasry ‘Tito’ Asfura para abordar la crisis territorial.

Honduras acumula cuatro condenas de la CorteIDH por violar los derechos comunitarios garífunas en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026).

El máximo tribunal de Honduras reconoció la "preocupación" expresada por organizaciones sociales y organismos de derechos humanos tras la detención de cinco defensores del territorio garífuna durante un desalojo en la comunidad caribeña de San Juan, acusados por presunta usurpación agravada y puestos posteriormente en libertad.