Asfixia fiscal: la UIA reclamó que se suspendan los embargos de ARCA a empresas

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió al Gobierno una tregua fiscal para las pequeñas y medianas empresas ante el deterioro de la actividad y las dificultades crecientes para financiarse.

El principal reclamo consiste en suspender durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales iniciadas por ARCA.

La propuesta fue presentada durante una nueva reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la entidad fabril y autoridades del organismo recaudador.

Según la UIA, la medida permitiría aliviar transitoriamente la “asfixia financiera” provocada por la suba de las tasas, la caída de la actividad y las restricciones para acceder al crédito.

El pedido se conoce en momentos en que la industria continúa sin mostrar una recuperación sostenida.

Según las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 0,6% mensual en julio.

Aunque registró una mejora interanual del 1,4% por la baja base de comparación, acumula un retroceso del 2% durante 2026 y permanece alrededor de 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

La situación también impactó sobre el empleo fabril.

Los últimos datos disponibles muestran doce meses consecutivos de caída y más de 52.000 puestos industriales registrados perdidos en la comparación interanual.

Planes de pago y costo financiero La UIA valoró la reapertura del régimen de facilidades de pago dispuesto mediante la Resolución General 5875/2026, que permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio.

Sin embargo, advirtió que el programa no resuelve completamente la situación financiera de las empresas.

Por eso, reclamó que se habilite la migración entre planes vigentes y se reduzca la tasa de financiación, que no bajó para las pymes pese a la desaceleración reciente de la inflación.

El régimen de ARCA permite incorporar deudas tributarias, retenciones, percepciones, recursos de la seguridad social y obligaciones aduaneras.

No contempla, en cambio, una reducción de intereses ni la liberación de sanciones.