Un activista venezolano propuso una nueva amnistía para los presos políticos y un fondo de reparación

El activista venezolano Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes, propuso en Caracas una nueva ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos en Venezuela y la creación de un fondo nacional de reparación para resarcir a los detenidos y a sus familias.

Presentó la iniciativa este martes, tras el aplazamiento de su audiencia de juicio en el Palacio de Justicia.

La propuesta apareció en medio del debate abierto por las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno interino y por las críticas de antiguos detenidos y organizaciones de derechos humanos sobre el alcance real de esas medidas.

En sus primeros despachos sobre la jornada, Tarazona sostuvo que la normativa aprobada en febrero dejó fuera a numerosas víctimas de la persecución política y no resolvió la situación de quienes continúan encarcelados por motivos políticos.

Tarazona declaró que en el país existen miles de afectados por el proceso político de los últimos años que no recibieron asistencia ni reparación.

Su planteo incluyó un nuevo texto legislativo que garantice la libertad plena de todos los presos políticos, sin exclusiones, y un mecanismo estatal que cubra parte de los costos y daños que afrontaron los detenidos y sus allegados.

El dirigente permaneció preso durante más de cuatro años y recuperó la libertad condicional en febrero de este año.

Un mes después, le negaron el beneficio de la ley de amnistía que el Parlamento de mayoría chavista aprobó en ese mismo período.

Esa negativa se convirtió en uno de los puntos centrales de su cuestionamiento a la legislación vigente, que a su juicio no alcanzó para cerrar los casos de persecución política.

En su exposición pública, el activista señaló que el fondo nacional de reparación debería atender gastos y pérdidas acumulados durante los años de reclusión.

Entre esos problemas mencionó los traslados prolongados que muchas familias debieron asumir para asistir a tribunales o visitar cárceles, además de otras consecuencias económicas y personales derivadas de las detenciones.

La discusión sobre la reparación sumó además la voz del exdiputado opositor Williams Dávila , quien también estuvo preso por razones políticas y recibió la amnistía en marzo.

Dávila sostuvo que el Estado tiene una obligación jurídica y moral de reparar a quienes padecieron persecución y encarcelamiento.

Afirmó que ese proceso no debía limitarse a una compensación económica, sino abarcar la restitución de la dignidad y de los proyectos de vida afectados por el encierro.