La Cámara Federal anuló un tramo de la causa contra un exsocio de Martín Menem por contrataciones en Osprera

Con la firma de Pablo Bertuzzi , que juró la semana pasada como juez titular y ya tuvo intervención en varios casos resonantes, la Sala II de la Cámara Federal anuló uno de los allanamientos y todos los embargos ordenados en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre , exsocio de Martín Menem , por parte de Osprera , la obra social de los peones rurales.

La decisión pone en duda el futuro de la investigación justo en un momento clave : Aguirre y el resto de los imputados fueron indagados hace un mes y esperaban que se defina su situación procesal.

Aguirre, un médico de profesión, creó la empresa HTECH en abril de 2024 junto a su madre, María Casandra Mirabelli , y Stefano Zanetti , un empresario de 39 años.

Cuatro meses después, Aguirre comenzó a asesorar a la primera interventora de Osprera, Virginia Montero, que admitió que se conocían de la actividad profesional y que lo convocó como un “experto en informática” .

Pese a ese vínculo, Montero recomendó la contratación de HTECH por escrito en octubre de ese año.

En la causa se probó que tanto Aguirre como Montero se reunieron con Eduardo “Lule” Menem en la Casa Rosada.

Los registros oficiales revelan que esa reunión ocurrió el 5 de julio del año .

“Por indicación de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, asistí a una reunión informal en la Casa Rosada, que entendí como una instancia institucional previa a la formalización de mi designación y destinada a que las autoridades nacionales conocieran a quien asumiría la intervención de Osprera”, se limitó a decir Montero en su indagatoria.

La investigación judicial reveló que la primera factura de HTECH a Osprera fue el 6 de noviembre de 2024.

Y el primer cheque se presentó el 12 de noviembre.

Desde entonces, la empresa de Aguirre cobró $266.675.288,43 .

El último pago data del 11 de julio de 2025, por un total de $18.838.429,80.

El contrato fue suspendido por el segundo interventor, Marcelo Petroni.

En su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, Aguirre justificó las transferencias millonarias y negó haberse involucrado en la elección de su firma, aunque él mismo era asesor de la interventora.