Un tribunal de República Dominicana condenó a seis miembros de una red de tráfico de armas

Un tribunal de Santiago condenó a seis integrantes de una red que traficaba armas de alto calibre y las distribuía desde el municipio de Licey al Medio hasta la ciudad de Moca, en un caso que terminó con penas de hasta 10 años de prisión, multas y el decomiso de armamento, vehículos, equipos electrónicos y dinero en efectivo.

La operación permitió ocupar 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock calibre 9 milímetros, además de tres revólveres, dos escopetas y 700,000 pesos en efectivo.

Durante los allanamientos también fueron hallados varios tanques con caletas o doble fondo, que presuntamente se utilizaban para transportar las armas.

Según Noticias SIN , el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago impuso las condenas tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público sobre las operaciones de la estructura criminal, dedicada al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armamento.

Hornandys Emmanuel Cruz Almonte recibió la pena más alta: 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago .

Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez y Félix Francisco Vásquez Peralta fueron sentenciados a seis años de prisión cada uno y deberán cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca.

Rosalba María Estrella López fue condenada a cinco años de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de varias reglas.

Marcos de Jesús Diplán Diplán recibió tres años de prisión suspendida y el pago de 25 salarios mínimos del sector público.

El tribunal también impuso multas de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público a los condenados.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 16 de octubre.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público , los procesados se asociaron para introducir armas de contrabando al país, almacenarlas y distribuirlas después a otras organizaciones criminales.

La estructura también obtenía recursos económicos de la comercialización ilegal del armamento.

La investigación estableció que los miembros de la red adquirían las armas en Estados Unidos y luego las enviaban a República Dominicana mediante compañías de envío.

Una vez en territorio dominicano, eran trasladadas a centros de acopio ubicados en Licey al Medio, Santiago y Moca, desde donde se redistribuían.