Excongresistas de Comunes, incluido ‘Marcos Calarcá’, anuncian acciones legales tras señalamientos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La firma de abogados DLH Legal Group S.A.S. anunció que asumió la representación jurídica de los excongresistas del movimiento político Comunes Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá“, en medio de las declaraciones relacionadas con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

A través de un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, la firma fijó su posición frente a los señalamientos que surgieron después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, asegurara haber entregado a la Fiscalía General de la Nación información sobre un posible vínculo entre personas mencionadas en mensajes recibidos antes del atentado y la planeación del magnicidio.

El documento, firmado por el abogado Luis Eduardo De La Hoz López, identificado con la tarjeta profesional 113.811, establece que la defensa rechaza cualquier intento de relacionar a sus representados con hechos criminales sin que exista una verificación de las pruebas por parte de las autoridades competentes.

“La justicia no puede convertirse en escenario de señalamientos, especulaciones ni condenas mediáticas”, señala la firma en el encabezado de su pronunciamiento.

La defensa rechazó los señalamientos contra los excongresistas En el primer punto del comunicado, DLH Legal Group S.A.S. manifestó: “ Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincular a nuestros representados con hechos criminales mediante insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones cuya autenticidad y alcance probatorio no hayan sido establecidos por las autoridades competentes ”.

La firma también hizo referencia al principio de presunción de inocencia.

Según explicó, el ordenamiento jurídico no contempla responsabilidades penales colectivas ni permite establecer culpabilidades a partir de declaraciones difundidas públicamente.

“Conforme al artículo 29 de la Constitución Política, toda persona se presume inocente mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad”, indicó el documento.

En el tercer apartado, los abogados se refirieron específicamente a la información que habría recibido Tarazona, la cual, según su versión, incluía nombres y fotografías de personas presuntamente relacionadas con la organización del atentado.

“ Una fotografía, una conversación atribuida a terceros o la mención de un nombre no constituye, por sí sola, prueba de autoría, determinación o participación en un homicidio ”, sostuvo la firma.