Por 10 años la Autoridad Marítima de Panamá restringe acceso a información de expedientes administrativos

La Autoridad Marítima de Panamá ha resuelto que toda la información y documentación relacionada con los expedientes administrativos gestionados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares tendrá acceso restringido por 10 años .

Esta decisión abarca tres procedimientos : concesiones de áreas, licencias operativas para servicios auxiliares marítimos e investigaciones sobre infracciones administrativas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó que desconoce las razones detrás de la confidencialidad establecida por la Autoridad Marítima de Panamá, y a través de su cuenta de X pidió a la entidad reconsiderar la restricción.

“Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió el mandatario.

La resolución de la Autoridad Marítima de Panamá indica que la restricción se mantendrá hasta 2036 , salvo que desaparezcan los motivos que llevaron a establecerla.

Este acto administrativo lleva las firmas de Virna C.

Luque , viceministra de la Presidencia y presidenta de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, y Luis A.

Roquebert , administrador de la entidad.

De acuerdo con medios locales, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá ya había aprobado esta medida el 5 de marzo de 2026 , poco después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 de 1997, que había permitido la prórroga automática de la concesión a Panama Ports Company (PPC) , filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Ante la anulación de la prórroga automática, la Autoridad Marítima de Panamá otorgó contratos temporales de hasta 18 meses a APM Terminals Panamá (filial de Maersk) y TIL Panamá (brazo portuario de MSC) para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal mientras se prepara una licitación pública, señala el diario La Prensa.

Estos contratos, aduce , finalizan el 23 de julio de 2027 y el gobierno anunció que la adjudicación formal de nuevas concesiones, con plazos de entre 25 y 30 años, se realizará antes de mediados de 2027.

En la práctica, esto significa que cualquier ciudadano u organización que solicite información sobre concesiones, licencias o investigaciones en el ámbito portuario recibirá una negativa hasta el 2036 , respaldada por la resolución vigente, sin importar el propósito de la petición, menciona el diario.

En marzo de 2026, la Autoridad Marítima de Panamá también solicitó un presupuesto de $1,27 millones para contratar a la firma Icaza, González Ruiz y Alemán (IGRA) para analizar alternativas de prórroga y asesorar sobre la futura concesión portuaria.