Marina Charpentier reclamó cambios en la Ley de Salud Mental: “Las familias necesitan respuestas”
La reforma de la Ley de Salud Mental abrió un nuevo debate sobre las internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y los recursos disponibles para atender a personas con padecimientos graves.
En ese contexto, Marina Charpentier , trabajadora social y madre de Chano, reclamó una respuesta estatal que contemple las necesidades de los pacientes y las dificultades que enfrentan sus familias.
En diálogo con Infobae al Regreso , Charpentier respaldó la discusión de cambios en la normativa y pidió que los legisladores escuchen a quienes atraviesan estas situaciones.
“Que se haya entendido que necesitamos hacer algo, más allá de que después se discuta qué y cómo”, afirmó.
El reclamo por las internaciones y los tratamientos Charpentier advirtió que, en algunos casos, la atención de una crisis aguda no alcanza para garantizar la continuidad del tratamiento.
Según explicó, después de los primeros días de estabilización, una persona puede rechazar la internación aunque persistan los consumos problemáticos y los conflictos familiares.
Por eso, reclamó evaluaciones que contemplen tanto el estado clínico como el contexto social de cada paciente.
“ Acá lo que nosotros pedimos es que esa persona se mantenga internada por equis cantidad de tiempo, que se informe al juez y que se haga una verdadera evaluación en tiempo y en su situación social, su situación clínica ”, sostuvo.
La trabajadora social también cuestionó las dificultades para sostener tratamientos ambulatorios y acceder a instituciones especializadas.
Aunque consideró necesarias alternativas como los hospitales de día y las casas de medio camino, advirtió que su implementación depende de la disponibilidad de profesionales y recursos.
“En teoría está muy lindo en el papel que hagan eso.
Ahora, en la práctica es muy difícil de cumplir”, señaló.
En ese sentido, pidió equipos con formación específica, psiquiatras disponibles y acceso a la medicación indicada.
También relató casos de familias que debieron recurrir a abogados o conseguir becas para afrontar internaciones en comunidades terapéuticas.
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