El Gobierno acelera un decreto para instrumentar la expulsión de extranjeros por discursos de odio contra la Argentina

El Gobierno acelera la elaboración de un nuevo decreto para instrumentar la expulsión de extranjeros que hayan emitido discursos de odio contra argentinos o incitado a la violencia por razones de nacionalidad.

La Casa Rosada retomó el trabajo sobre la reglamentación que quedó pendiente después del DNU que Javier Milei firmó a fines de julio para modificar la Ley de Migraciones.

En el Ejecutivo reconocen que la primera norma estableció la facultad legal, pero todavía falta terminar de definir cómo se aplicará en la práctica .

“Estamos en eso”, expresan en Nación sobre el nuevo decreto.

La intención es avanzar con una segunda etapa que permita utilizar efectivamente la causal en los procedimientos de Migraciones.

El nuevo texto no creará la posibilidad de expulsar extranjeros por esas conductas porque esa atribución ya está vigente.

El DNU 681/2026 incorporó los mensajes de odio, la incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y los ultrajes contra símbolos patrios entre los impedimentos para ingresar al país y las causales para cancelar una residencia.

La misma norma estableció que la cancelación de la residencia puede derivar en una intimación para abandonar la Argentina o directamente en una expulsión , según las circunstancias de cada caso.

La reglamentación que prepara el Gobierno deberá convertir esa facultad general en un procedimiento operativo para Migraciones y las áreas de Seguridad.

Uno de los puntos sensibles es cómo se acreditará que una expresión cumple con los requisitos previstos por el decreto .

El esquema que venía analizando Nación contempla utilizar el sistema de alertas migratorias existente, pero todavía resta precisar qué organismo origina la información, qué evidencia debe acompañarla, quién la valida y qué procedimiento se sigue cuando el extranjero ya se encuentra dentro del territorio nacional.

El presidente Javier Milei junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su jura al frente de la cartera nacional (Foto: Presidencia)- El propio DNU introdujo un límite para evitar que la causal alcance cualquier manifestación contra el Gobierno o el país.

Dejó expresamente afuera las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas constitucionalmente.

Esa distinción será uno de los aspectos centrales que deberá precisar la reglamentación para reducir márgenes de interpretación.