Ministerio de Agricultura aseguró que el gobierno Petro dejó una nómina paralela de miles de personas en esa cartera: le costaría un billón de pesos a la Nación

El Ministerio de Agricultura encendió la polémica al revelar que el gobierno anterior, comandado por el expresidente Gustavo Petro, dejó una nómina de contratistas que costará cerca de un billón de pesos.

Según datos oficiales compartidos por la cartera, la nómina de contratistas heredada suma más de 18.000 contratos y representa obligaciones por aproximadamente 1,02 billones de pesos, distribuidos entre varias entidades clave del sector agrícola.

Este anuncio se produce en un contexto de emergencia, tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a quince departamentos y dejó miles de familias damnificadas.

El balance presentado por el Ministerio de Agricultura, respaldado por un documento interno que detalla el consolidado de órdenes de prestación de servicios, evidencia cómo se reparte actualmente el grueso de la contratación.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encabeza la lista con 9.281 contratos, por un valor de 451.000 millones de pesos.

Le sigue el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que suma 3.056 contratistas y compromete 153.008 millones de pesos.

En tercer lugar, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) reporta 2.585 contratos que equivalen a 168.311 millones de pesos.

Otras entidades con cifras relevantes son la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con 1.971 contratos que suman 113.000 millones de pesos; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con 740 contratos y 73.000 millones de pesos; la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), con 412 contratos y 41.547 millones de pesos; y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), que reporta 322 contratos y 29.992 millones de pesos.

El consolidado general alcanza los 18.310 contratos y un valor superior a 1,02 billones de pesos.

La publicación oficial del Ministerio en su cuenta de X calificó la situación como “la foto del derroche”, y denunció que parte considerable del presupuesto público se destinó a burocracia, justo cuando miles de familias en zonas rurales esperan soluciones urgentes tras el desastre natural.

“Mientras se gastan recursos públicos en burocracia y contratación, miles de familias de 15 departamentos afectados por el terremoto enfrentan la destrucción de sus viviendas y esperan soluciones.La pregunta es inevitable: ¿cuántas viviendas dignas se podrían haber construido para esas familias con $1 billón?“, señaló el ministerio.

La revelación del monto y la distribución de los contratos generó críticas hacia las prioridades presupuestarias de la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro.

Según el Ministerio, la exministra Marta Carvajalino dejó al nuevo titular, Indalecio Dangond, una estructura de contratistas que compromete recursos hasta diciembre y limita la capacidad de respuesta inmediata del Estado ante emergencias.