Walmart pagará USD 50 millones al gobierno de EEUU para cerrar una demanda federal por dispensar opioides de manera ilegal

Walmart alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para dar por terminada una demanda federal que acusaba a la cadena de haber dispensado opioides de manera ilegal en sus farmacias.

La resolución incluye un pago de USD 50 millones y fue informada por Reuters a partir de un anuncio del Departamento de Justicia.

El arreglo quedó muy por debajo del riesgo financiero que, según el gobierno, podía enfrentar la compañía si hubiera sido declarada responsable.

En esa proyección, el Departamento de Justicia planteó que Walmart podía llegar a deber USD 67.627 por cada receta ilegal surtida y USD 15.691 por cada pedido sospechoso no reportado, un cálculo que formó parte de la dimensión del litigio desde que fue presentado en diciembre de 2020.

La empresa no admitió responsabilidad y, en un documento presentado ante organismos reguladores, describió el monto del acuerdo como “insignificante”, de acuerdo con Reuters .

En el mismo reporte se consignó que los ingresos netos de la compañía, con sede en Bentonville , ascendieron a USD 11.700 millones en los seis meses cerrados el 31 de julio.

En paralelo, un portavoz de Walmart envió a CBS News una declaración en la que sostuvo: “Nos complace haber resuelto este asunto y seguiremos apoyando la excepcional labor que realizan nuestros farmacéuticos a diario para brindar una atención al paciente excepcional”.

En esa comunicación, la cadena vinculó el acuerdo con la continuidad de la atención en farmacia.

Qué alegaba el Departamento de Justicia sobre el rol de las farmacias La demanda federal sostenía que Walmart violó de forma reiterada la Ley de Sustancias Controladas al surtir miles de recetas inválidas y no reportar pedidos sospechosos de medicamentos, según informó CBS News .

El caso se apoyó en una investigación de varios años y colocó el foco en la manera en que la cadena debía detectar y gestionar señales de alerta asociadas a la prescripción de opioides.

Según el Departamento de Justicia, las conductas investigadas se remontaban a 2013.

En esa reconstrucción, los fiscales afirmaron que la empresa pasó por alto “señales de alerta” y que falló al rastrear y reportar recetas sospechosas de opioides, lo que para el gobierno configuraba un incumplimiento sostenido de obligaciones federales.

El expediente también incluía un tramo más específico: el Departamento de Justicia sostuvo que algunos funcionarios de cumplimiento de Walmart sabían que ciertos médicos que emitían recetas operaban como “clínicas de venta ilegal de pastillas”, pero aun así se continuó dispensando lo prescripto.

Para el gobierno, esa conducta reforzaba la tesis de que el sistema interno de control no funcionó como debía.