Defensoría emitió alarma por crisis humanitaria en Chocó a raíz del terremoto y la violencia de grupos armados como el Clan del Golfo

El departamento del Chocó enfrenta una crisis humanitaria compleja, producto de la convergencia de violencia armada, desplazamientos forzados, confinamientos, daños ambientales y los efectos del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el impacto diferencial en los pueblos étnicos y comunidades rurales, quienes sufren de manera particular estas emergencias.

Desde el terremoto, la subregión del San Juan registró un deterioro en la seguridad, con presencia prolongada de integrantes del Clan del Golfo en comunidades como San Agustín, Sipí, y el avance de este grupo hacia otras zonas.

Se han documentado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, incluyendo el uso de drones con explosivos, que el 23 de agosto dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento de 65 familias en Charco Hondo.

Más de 650 familias permanecen confinadas en distintas comunidades de Sipí y Nóvita, según la entidad.

Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto, se verificaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, así como afectaciones psicológicas en la población.

Además, la Defensoría acompañó el traslado de personas desplazadas y revisó las condiciones del albergue étnico de Acadesan en Istmina, afectado por el sismo.

Según el informe, la situación también afecta a comunidades indígenas ubicadas en la vía Quibdó–Medellín, que han debido desplazarse ante el aumento de actividades armadas.

En la parte baja del río Tamaná, la presencia del Clan del Golfo estaría generando restricciones a la movilidad y zozobra en varias localidades, con 129 familias afectadas.

Los confinamientos continúan en Alto Baudó y Bajo Baudó, mientras comunidades de Juradó, Nuquí y Bojayá permanecen en riesgo de desplazamiento y aislamiento.

A su paso, el avance de la minería ilegal con el uso de maquinaria pesada en zonas de Lloró, Bagadó y el corredor Noanamá–Cucurrupi, afecta a 18 comunidades afrodescendientes e indígenas, sumando cerca de 3.800 personas.

Esta expansión sigue generando daños ecológicos y fortalece la disputa territorial entre actores armados ilegales.

De acuerdo con la Defensoría, a este escenario se suman las consecuencias del terremoto, que mantiene incomunicadas a numerosas zonas rurales.

La falta de un censo definitivo impide dimensionar el alcance de los daños y dificulta la entrega de ayuda humanitaria básica.