Un exjefe militar, procesado en Honduras por ataques a periodistas

Tegucigalpa, 1 sep (EFE).- Una jueza de Honduras dictó auto de formal procesamiento contra el exjefe militar Roosevelt Hernández por presuntos ataques a la libertad de prensa, tras una denuncia del Colegio de Periodistas por una publicación en la que llamó “sicarios” a varios comunicadores.

Hernández, que alega censura en el caso y no quedará en prisión preventiva, enfrenta un requerimiento fiscal (acusación para que la justicia proceda contra el señalado) presentado a finales de julio pasado por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

El caso del exjefe castrense se remonta a mayo de 2025, cuando el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció ante instancias nacionales e internacionales a las Fuerzas Armadas por haber calificado de "sicarios" a varios periodistas a través de uno de sus medios oficiales de comunicación, al considerar que esa acción ponía en riesgo la integridad de los comunicadores y atentaba contra la libertad de prensa.

La publicación, difundida en el periódico FF.AA.

Digital, llevaba el titular 'Sicarios de la verdad' y estaba acompañada de fotografías de al menos tres periodistas y del logotipo del CPH.

El abogado Francisco Pascua, defensor de cuatro periodistas que comparecen ante el juicio, entre ellos el presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, dijo tras conocer del formal procesamiento contra Hernández, que presentó "suficiente acervo probatorio para acreditar la afectación al bien jurídico de la libertad de expresión y la comisión del delito y la posible participación del imputado".

Agregó que la jueza que lleva el caso decidió dictar el auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva contra el exjefe castrense.

Hernández, por su parte, declaró a periodistas que le han cortado su libertad de expresión y recordó que el 9 de marzo de 2025, durante las elecciones primarias e internas, previas a las generales de noviembre, hubo una "conspiración" en su contra y se le acusó de haber atentado contra la democracia.

Los señalamientos contra Hernández el día de las elecciones primarias e internas se derivaron a raíz de una crisis política en la que autobuses contratados circularon en ciudades como Tegucigalpa e incluso se aparcaron en algunos sitios conteniendo maletas electorales, lo que demoró el proceso de las votaciones en varios centros electorales.

Por ley, el transporte, distribución y vigilancia del material electoral le corresponde en Honduras a las Fuerzas Armadas, que según la Constitución son apolíticas, obedientes y no deliberantes.