Detienen a tres policías acusados de coordinar pagos para frenar una denuncia por agresión sexual en Piura
Tres efectivos de la Policía Nacional (PNP) fueron detenidos este jueves en una comisaría de la región Piura, en el norte del país, por presuntamente coordinar pagos irregulares para que una mujer desistiera de continuar con una denuncia por agresión sexual contra dos hombres.
Los suboficiales, imputados por cohecho pasivo propio, fueron intervenidos en la comisaría de La Matanza, en la provincia de Morropón, durante un operativo de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).
Los agentes detenidos fueron identificados como Dilmer Pacherrez C. y Jhon H.
Crisanto, ambos suboficiales de segunda, y Omar D.
Aguirre I., suboficial de tercera.
Según la nota difundida por el Ministerio Público, los hechos se habrían producido entre el 23 y el 24 de marzo de 2026, después de que una ciudadana acudiera a esa dependencia policial para denunciar un caso de violencia machista.
En ese contexto, los uniformados habrían coordinado cobros e intercambios de dinero con los dos hombres denunciados, identificados como Víctor H.
Sullón A. y Héctor A.
Ruiz R., con el propósito de que la denunciante no continuara con el procedimiento.
Las pesquisas apuntan a que los pagos se habrían gestionado mediante el aplicativo Yape y cuentas bancarias.
Además , los efectivos presuntamente utilizaron un vehículo policial para trasladar a la denunciante hasta la ciudad de Piura, donde se habrían realizado entregas de dinero en efectivo y depósitos bancarios.
Estos hechos forman parte de las diligencias destinadas a esclarecer las presuntas coordinaciones entre los agentes y los civiles, así como la posible utilización de recursos policiales para interferir en la denuncia.
El operativo estuvo a cargo del fiscal Jesús Aranguren, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Piura, en cumplimiento de una orden judicial de detención preliminar y allanamiento.
La medida también autorizó el descerraje, los registros personales, la incautación de elementos relevantes para el caso y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
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