Senadores cuestionaron las objeciones del Gobierno al proyecto que busca prohibir la reducción de requisitos para acceder a cargos públicos: “Sin fundamento”

Luego de algunas controversias y críticas contra el Gobierno Petro sobre los cambios en los manuales de funciones de algunas entidades para, presuntamente, favorecer nombramientos, en el Congreso de la República se está debatiendo un proyecto de ley que buscaría prohibir este tipo de modificaciones, especialmente, con el fin de que personas no capacitadas acceder a puestos directivos.

El autor de la iniciativa legislativa fue el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid.

Sin embargo, a través de mensajes de líderes políticos en redes sociales se conocieron objeciones que llegaron directamente desde Presidencia de la República al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil.

Al respecto, algunas voces, especialmente del partido uribista, reaccionaron.

La senadora María Claudia Posada, a través de una detallada publicación en su perfil de X, criticó la decisión del Gobierno nacional de objetar el proyecto.

Según la funcionaria, la iniciativa fue aprobada con esfuerzo en el anterior Congreso, incluso ante la oposición del Ejecutivo.

Posada calificó de “inadmisible” que el actual Gobierno se oponga al proyecto , al señalar que esa práctica “perversa” de modificar los requisitos de los cargos directivos se denunció durante la administración de Gustavo Petro, y fue visible la afectación de la capacidad técnica de varios sectores.

Para la senadora, resulta paradójico que la administración del presidente De la Espriella, respaldada por el partido, ahora objete la norma.

La congresista desglosó las objeciones —entre las de inconstitucionalidad y las de inconveniencia— planteadas por el Gobierno y las tildó de infundadas.

Uno de los puntos centrales de la objeción es la exigencia de un concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado cuando una entidad pretenda disminuir los requisitos para cargos directivos.

La senadora también rechazó el argumento gubernamental de que la ley debía tramitarse como estatutaria, al considerar que el requerimiento de un concepto previo no altera las competencias de la Rama Judicial ni modifica la naturaleza consultiva del Consejo de Estado.

Además, defendió la potestad del Congreso para fijar parámetros específicos sobre los requisitos de los cargos públicos , subrayando que la función reglamentaria del presidente debe ceñirse a lo establecido por la ley.

En su explicación, Posada sostuvo que endurecer los requisitos para cargos de libre nombramiento y remoción no anula la “discrecionalidad del nominador”, siempre que los designados cumplan con los perfiles exigidos.