Senador denunció presuntas irregularidades en la ANT y la reforma agraria: algunos terrenos tendrían características turísticas y no agrícolas

En la sesión plenaria del Senado realizada el 13 de octubre de 2026, el congresista Enrique Gómez denunció presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos durante la administración del expresidente Gustavo Petro, específicamente en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

De acuerdo con el legislador, había anomalías en la compra de predios adquiridos por la entidad para la reforma agraria.

En su denuncia, indicó que las tierras en cuestión tendrían características turísticas, campestres, comerciales o industriales.

Eso quiere decir que, posiblemente, su uso estaría alejado de las actividades agrícolas.

“ ¿Cómo se explica que se destinen recursos, de lo que ellos mismos llamaron reforma agraria, a comprar terrenos con potencial turístico, vivienda campestre o desarrollo comercial, en lugar de garantizar tierras para los cultivadores? Aquí hay operaciones que deben investigarse a fondo y explicarse al país”, cuestionó el senador, citado en un comunicado oficial.

Uno de los casos investigados es el de La Virgen del Cobre, en Necoclí, Antioquia, un terreno que supera las 800 hectáreas, el cual fue adquirido por un valor de $18.000 millones, aproximadamente.

De la totalidad de las hectáreas del predio, 150 estarían en una zona de expansión urbana destinada a vivienda campestre.

Además, otras 80 hectáreas tendrían potencial turístico .

Otro caso mencionado por Gómez corresponde a un predio ubicado en Restrepo, Meta.

Según su denuncia, el terreno presuntamente adquirido por la ANT está en suelo suburbano, lo que da paso a que su uso se enfoque en la vivienda campestre y en actividades recreativas.

El congresista aseguró que la operación se habría efectuado por medio de un convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor cercano al billón de pesos .

Al parecer, cada hectárea de esa tierra habría costado $471 millones, aproximadamente.

También habría irregularidades relacionadas con un terreno de 140,7 hectáreas, ubicado en Maní, Casanare, el cual fue adquirido por $281,8 millones.

Más del 90% de esas tierras está cultivada con palma de aceite y el resto correspondería a zonas inundables.