Esta fue la razón del Tribunal de Cundinamarca para suspender parte del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para fla fabricación de pasaportes
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó frenar de forma provisional la ejecución de dos instrumentos que respaldan el nuevo modelo para producir, personalizar, custodiar y distribuir los pasaportes en Colombia.
La decisión, adoptada el 2 de septiembre de 2026, corresponde a una medida cautelar dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.
La orden recae sobre el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, el CI-005 de 2026 y los contratos o convenios que se desprendan de ambos.
La providencia no definió la validez de esos acuerdos, asunto que deberá resolverse en otras instancias.
La medida no cobijó el acuerdo con la entidad portuguesa El Tribunal precisó que la suspensión no incluye el instrumento suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal , ni implica un pronunciamiento sobre la legalidad de ese acuerdo.
Tampoco suspendió el Convenio Marco 006 de 2024, dado que este ya habría sido liquidado y no se encontraba vigente ni en ejecución.
La decisión tampoco se extendió al Convenio Marco 007 de 2025, pues tiene un alcance general de articulación entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional.
La corporación concluyó que había elementos que justificaban una intervención preventiva mientras avanza el análisis de fondo de la acción popular.
Entre ellos figuran cambios e incumplimientos en los cronogramas previstos para el modelo.
El Tribunal señaló dudas sobre el avance del nuevo modelo La providencia menciona informes institucionales contradictorios y la falta de soportes que permitan comprobar el estado de la infraestructura, el personal y el avance de las operaciones necesarias para implementar el esquema.
El Tribunal consideró que estas circunstancias impiden establecer con certeza el estado real de ejecución del proyecto.
En su análisis preliminar, habló de una “planeación improvisada” frente a las dificultades detectadas en el desarrollo del modelo.
También advirtió cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de requisitos presupuestales y el uso de recursos públicos.
Para la corporación, las dudas sobre la ejecución podrían representar un riesgo para el patrimonio estatal mientras no se aclare el alcance de los compromisos asumidos.
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