Las universidades dicen que la multa contra el Gobierno es “muy importante”, pero sostienen el reclamo

A horas de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario , el Gobierno analiza apelar tanto la multa diaria que la Justicia le impuso a Diego Santilli por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la norma, mientras sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.

Recientemente, el juez federal Martín Cormick fijó en $100.000 diarios los “astreintes” contra el jefe de Gabinete, por no actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar el fondo de becas previsto en la iniciativa que aprobó el Congreso.

La resolución respondió a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional ( CIN ), que había advertido que el Estado continuaba sin cumplir la cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.

El Poder Ejecutivo había pedido que la apelación contra el fallo tuviera efecto suspensivo, para así evitar tener que afrontar los gastos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, algo que el magistrado rechazó.

La administración libertaria remarca que, desde diciembre de 2023, otorgó aumentos que, sumados a la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron el incremento acumulado al 226,80%, un porcentaje que consideran acorde con lo exigido por la cautelar.

En paralelo, en la Casa Rosada analizan apelar también la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la ley a que el Congreso definiera las partidas presupuestarias correspondientes.

La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio , lidera esa estrategia judicial, aunque por el momento no se tomó ninguna acción concreta y se siguen analizando los pasos a seguir.

En tanto, en el ámbito universitario celebraron la sanción económica contra Santilli y confiaron en que puede ser una decisión “que ayude a que las autoridades nacionales recapaciten”.

“No me paro de sorprender… ¡un Gobierno multado por no cumplir una ley! No recuerdo antecedente de algo así.

Independientemente del monto o la persona, que por lo que dice el juez ’pueden cambiar’”, opinó a Infobae un alto representante de una casa de estudio.

Al respecto, el rector advirtió que, con esta sentencia, Cormick “deja claro que puede ampliar el monto y la cantidad de funcionarios” alcanzados, por lo que consideró que “más de uno se va a preocupar”.

“Le pueden exigir más plata si continúa incumpliendo lo que determinó la Justicia y se puede agregar a otras personas involucradas.

Es un papelón institucional”, sostienen.