Anteproyecto permitiría limitar en Panamá el acceso público a los antecedentes de personas rehabilitadas

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley 48, que busca crear un régimen de segunda oportunidad y derecho al olvido penal para personas que hayan cumplido sus condenas.

El prohijamiento solo permite iniciar su discusión legislativa y no lo convierte todavía en ley.

La propuesta fue presentada por el diputado Isaac Mosquera y obtuvo el respaldo de todos los integrantes de la comisión, excepto Alexandra Brenes.

Su objetivo declarado es facilitar la reinserción social de personas condenadas , mediante la cancelación pública de antecedentes penales y registros mantenidos por la Policía Nacional .

El derecho al olvido planteado no elimina la sentencia ni borra la historia judicial.

La información continuaría disponible para las autoridades, pero dejaría de aparecer en el récord policivo solicitado por particulares y no podría utilizarse para negar empleos, licencias, permisos u otras oportunidades administrativas y comerciales .

Tampoco obligaría expresamente a medios de comunicación, buscadores de Internet o redes sociales a eliminar publicaciones sobre los hechos.

El texto regula principalmente los antecedentes gestionados por instituciones estatales , por lo que no equivale a retirar noticias, fotografías, sentencias o archivos alojados en plataformas digitales privadas .

El régimen general estaría disponible para personas condenadas por delitos considerados de baja lesividad, definidos como aquellos castigados con multa, días multa, trabajo comunitario o penas de prisión no superiores a tres años .

Antes de solicitarlo, el interesado tendría que cumplir completamente la sanción principal y las accesorias .

Cuando exista una víctima identificada, también sería obligatorio presentar evidencia de la reparación o indemnización del daño causado .

El anteproyecto permite además que las personas condenadas antes de su aprobación soliciten el beneficio, debido a la aplicación retroactiva de la norma más favorable .

La persona interesada debería pedir al tribunal competente una certificación que confirme la extinción de la pena, el cumplimiento de sanciones accesorias y el pago de multas u obligaciones económicas .

Posteriormente, mediante un abogado, presentaría la documentación ante la Dirección de Investigación Judicial .