Imputaron a 15 personas por una presunta red que falsificaba certificados para obtener pensiones por discapacidad en Salta

La Justicia federal de Salta imputó a 15 personas , entre ellas diez funcionarios o exfuncionarios públicos, por integrar una presunta organización dedicada a falsificar certificados médicos y documentación para obtener pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta.

La acusación fue formalizada por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad , ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy , quien otorgó un plazo de un año para profundizar la investigación y dispuso, por el mismo período, la anotación de litis sobre bienes de los imputados.

La pesquisa se concentra principalmente en El Quebrachal y Joaquín V.

González , donde la fiscalía detectó un circuito que, según su hipótesis, comenzaba con la captación de personas interesadas en acceder al beneficio y seguía con la confección de certificados médicos falsos, adulteración de estudios y diagnósticos de enfermedades inexistentes .

Entre los acusados figuran los médicos José B., Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana , además de Oscar Luna , exgerente del hospital de El Quebrachal.

Orellana es actualmente diputado provincial por Anta.

También quedaron imputados el exjefe de la sucursal de ANSES de El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar ; el bioquímico Luciano Benjamín Esteban ; los empleados municipales Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares ; y un kiosquero identificado como Hugo M.

La fiscalía les atribuyó, con diferencias según la función de cada uno, los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público .

La investigación comenzó en julio de 2024 y avanzó a partir de 26 allanamientos realizados en domicilios, consultorios, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal institucional, en esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y listados de personas que presuntamente habían pagado para tramitar pensiones, pese a que la gestión es gratuita.

Parte de los dispositivos ya fue peritada y, de acuerdo con la acusación, los mensajes permitieron reconstruir vínculos entre los investigados e identificar nóminas de personas que habían abonado o todavía adeudaban dinero.

La hipótesis fiscal sostiene que algunos aspirantes eran derivados hacia consultorios o clínicas privadas vinculadas con los propios imputados.

Allí se extendían diagnósticos por patologías como Chagas, diabetes o problemas de columna , con porcentajes de incapacidad suficientes para satisfacer los requisitos del beneficio.