El Defensor del Pueblo presenta un recurso de amparo para que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar que los españoles nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática puedan votar en las próximas elecciones generales, tras la suspensión acordada por el Tribunal Supremo.

La decisión del Tribunal Supremo afecta a 163.020 nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrátic a e inscritos en el CERA, aunque la Junta Electoral Central ha ordenado remitirles la documentación para las elecciones del 29 de noviembre con el aviso de que parte de ellos no podrá ejercer el sufragio.

El recurso solicita al Constitucional medidas cautelarísimas y un pronunciamiento sobre la interpretación del Supremo acerca de “la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática”, según ha trasladado la institución.

Gabilondo ha adoptado esta decisión después de recibir peticiones de amparo de particulares y entidades y de analizar el acuerdo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo del lunes 12 de octubre.

El mandato del Defensor del Pueblo concluye el próximo mes de noviembre.

Las dudas del Supremo sobre la instrucción de la ‘ley de nietos’ Los autos del Supremo distinguen entre quienes acreditaron documentalmente el exilio de sus antepasados y quienes obtuvieron la nacionalidad mediante una instrucción que consideraba exiliados a todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955.

El Alto Tribunal ha planteado dudas sobre la regularidad de esa instrucción.

Aunque el primer grupo puede votar conforme a esa distinción, los jueces han suspendido preventivamente el sufragio de todos los nacionalizados afectados y han dejado en manos de los consulados la revisión individual de cada expediente.

La Junta Electoral Central ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral enviar la documentación de voto a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de españoles residentes permanentemente en el extranjero.

El acuerdo incluye a los nacionalizados por la ley de nietos, pero advierte de que no todos podrán participar conforme al mandato del Supremo. (En ampliación)